Hernández Quijada & Sosa. Abogados


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21 Junio

Ortega Díaz: Aquí no hay Estado de Derecho, hay Estado de terror

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este martes 20 de junio que en Venezuela no hay un Estado de derecho sino un “Estado de terror”.

 

"Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana actualmente. El peligro de perder los derechos fundamentales (…) Si estuviéramos en un Estado de Derecho habría seguridad jurídica, pero acá está desmantelado. Estamos más bien en un Estado de terror", declaró la fiscal durante un programa de Unión Radio.

 

Ortega Díaz argumentó que en Venezuela se ejerce el poder para intimidar a la población. "Las instituciones no pueden usarse como amenaza al público", recriminó.

 

"Si eso es contra la fiscal general, ¿Qué queda para el ciudadano de a pie?", preguntó la máxima representante del Ministerio Público sobre la solicitud de antejuicio de mérito en su contra aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia la tarde de este martes.

 

Aseveró que en el país no hay justicia sino para quienes le conviene al gobierno: "No hay justicia. Hay una justicia para aquellos que representan una amenaza para el oficialismo".

 

"Yo creo que se cierne sobre el país un oscuro panorama de destrucción del Estado", presagió la funcionaria.

21 Junio

Fiscal General Ortega Díaz: El Estado puede entenderse como disuelto

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En una fulminante declaración. la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que en la actualidad el Estado venezolano puede considerarse como disuelto por la actuación del Poder Judicial.

 

Ortega Díaz, en una entrevista en Unión Radio, aseveró que el Tribunal Supremo de Justicia publica decisiones que son inacatables y que apuntan a que se pretende desmantelar el Poder Moral como ocurrió con el Legislativo.

 

Sobre la solicitud de antejuicio de mérito que pesa en su contra, Ortega Díaz declaró desconocer el contenido del expediente. "Para poder ejercer la defensa, solicitamos copia y nunca la dieron", explicó la fiscal.

 

"Resulta grotesco esta denuncia porque es una parcialidad que tienen algunos magistrados, una parcialidad sospechosa, no hay transparencia", expuso Ortega Díaz, tildando esta situación como "la descomposición del Poder Judicial".

 

La máxima representante del Ministerio Público (MP)  recordó los vicios de nulidad presentes en la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "Algunos de estos magistrados no poseen las credenciales para ostentar el cargo", señaló Ortega Díaz.

 

Apuntó además que varios de estos magistrados están relacionados con hechos punibles o condenados por delitos graves. "Ellos mismos declaran su sobreseimiento", dijo indignada la fiscal.

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01 Junio

El TSJ es un órgano de autoridad, ya no un garante del ciudadano

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La Sala Constitucional, a pesar de su nombre, es la que hoy en día viola más la Constitución, al invocarla como base de sus decisiones para decir lo contrario a lo que ella garantiza. Así lo ha hecho en las sentencias, que ya son 11 respecto precisamente de 11 alcaldes de 5 estados del país, en las que les ordena, mediante un amparo cautelar, que impidan barricadas y bloqueos de las vías públicas y garanticen el libre tránsito.

Por Acceso a la justicia

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30 Marzo

Dos dias, dos sentencias de clara implementacion práctica de una dictadura.

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Sentencia del TSJ en Venezuela, viola la Constitución, asumen creación de Empresas de Hidrocarburos, y toman para sí labor parlamentaria

 

En efecto, en sentencia del TSJ del dia de ayer 29-3-2017, por la cual, en contra de lo que claramente establece la Constitución Nacional y la Ley de Hidrocarburos, el Ejecutivo Nacional puede crear empresas mixtas directamente, sin aprobación de la Asamblea Nacional, con la veeduría de la Sala Constitucional.

 

Además, dada la sentencia del dia anterior, Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala (y lo que es mas grotesco) o por el órgano que ella disponga.

 

Establece:

4.1.- Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo.

 

4.2.- Resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones.

 

4.3.- Sobre la base del estado de excepción, el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017).

 

4.4.- Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.

 

5.- Se ordena notificar de la presente decisión al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

 

6.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo sumario deberá señalar: “Sentencia de la Sala Constitucional que declara que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo”.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

29 Marzo

TRANSGRESION AL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA

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POR SI HABÍAN DUDAS ACERCA DEL TALANTE DICTATORIAL DE ESTE GOBIERNO, VEAMOS:

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó este martes una sentencia (CON LOS 7 MAGISTRADOS COMO PONENTES, NINGUNO TUVO LA VALENTIA DE HACERLO SOLO) en la que se indica que la Sala Constitucional del ente judicial definirá los límites de la inmunidad de los diputados, esto a propósito de la aprobación del Acuerdo sobre la Reactivación de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

El Poder Judicial alega que las acciones de los diputados de la Asamblea Nacional atentan contra la estabilidad democrática y podrían crear un “estado de conmoción”. En este sentido, el órgano señala que la evaluación de la Sala Constitucional permitirá mantener el orden constitucional.

 

El TSJ insistió en que la Asamblea Nacional se mantiene en desacato desde que juramentó a los diputados de representación indígena: Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, el pasado 28 de julio de 2016.

 

“A pesar de los reiterados llamamientos realizados por la Sala Electoral y La (sic) Sala Constitucional del TSJ, la Asamblea Nacional ha decidido mantenerse al margen del cauce constitucional, situación que vicia de nulidad cualquier decisión que en ese órgano se adopte. Es por ello, que respetuosamente se solicita a la más alta Sala del TSJ, que declare nula e inexistente ésta nueva incursión antidemocrática que está asumiendo el Parlamento en contra del Estado de Derecho y que por lo tanto, anule de manera absoluta e inequívoca”, cita el documento.

 

En el estudio, el TSJ y el presidente Nicolás Maduro revisarán las diversas leyes que le dan facultades de política exterior e interior a los parlamentarios. Además de aquellas en las que se tipifiquen delitos civiles, económicos, militares, penales, administrativos, políticos, jurídicos y sociales (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar).

 

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hqs.abogados

Hay mucho por hacer!. Que el pais escoja opcion que transgrede la ley y los DDHH, no es buena señal, digase lo que se diga.

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